Puerto

Novedades en la legislación laboral europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegal la normativa española que impide a las empresas estibadoras que operan en varios puertos españoles entre los que se encuentra el de Valencia,  contratar a sus trabajadores en el mercado y les obliga a hacerlo a través de empresas de gestión de personal y trabajo temporal.  Estas obligaciones, según el alto tribunal europeo, podrían impedir a las empresas estibadoras extranjeras establecerse en nuestros puertos.

La legislación española dispone que en los puertos de interés general deben crearse empresas privadas denominadas SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), que son las que contratan a los estibadores y los ponen a disposición de las empresas de manutención de carga. Las empresas que opten a la provisión de este tipo de servicios han de unirse a una de estas SAGEP y a participar financieramente en su capital

La normativa ahora derogada se justificaba hasta el momento por dos motivos: el servicio portuario de manipulación de mercancías constituye un servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público cuyo objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio y dicha restricción era necesaria para garantizar la protección de los trabajadores, que constituye una razón imperiosa de interés general, según las autoridades españolas.

Pero los jueces europeos, en su sentencia, han rechazado estos argumentos. El tribunal considera que “la restricción a la libertad de establecimiento que resulta del régimen portuario español constituye una restricción que va más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por consiguiente, no está justificada”.

El tribunal añade que “España no ha demostrado que las medidas adoptadas sean necesarias ni proporcionadas en relación con los objetivos perseguidos”, señala el fallo. Para el TJUE, “existen medidas menos restrictivas e idóneas para conseguir un resultado similar y para garantizar tanto la continuidad, regularidad y calidad del servicio de manipulación de las mercancías como la protección de los trabajadores”.

Fuente: Las Provincias.

 

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