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Un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada destaca, entre las principales recomendaciones que se efectúan para atajar el problema del desempleo en España, que los servicios públicos de empleo (SPE) deberían intensificar su colaboración con otros intermediarios como las agencias de recursos humanos y ETTs.

Para que el SPE prestase sus servicios con los niveles de eficiencia y eficacia requeridos sería necesaria una inversión sustancial en infraestructura y en la contratación y preparación de orientadores, que sería muy difícil de completar en un plazo de tiempo breve y que podría resultar difícil de revertir en el futuro una vez que la tasa de desempleo haya vuelto a niveles normales.

Por eso esta colaboración público privada es clave en reducir esos tiempos, ya que el profundo conocimiento del mercado de trabajo local de estos intermediarios es crucial para lograr una reinserción más eficaz y rápida en el mercado laboral.

El dato es alarmante, desde que un desempleado se inscribe como demandante de empleo hasta que recibe el primer aviso de que existe una oportunidad laboral transcurren, como mínimo, 9’5 meses y, en muchos casos, este tiempo se prolonga más. Esto hace que el SPE sólo logre reinsertar a un 2% de los parados.

Este informe viene a suscribir una de las demandas tradicionales de este sector en España que no es otra que la de que se las tenga en cuenta, como ocurre en el resto de la Unión Europea,  por el potencial que tienen a la hora de facilitar oportunidades de empleo.

En el actual marco regulador las ETTs son las únicas empresas autorizadas para realizar la selección, formación y contratación de trabajadores y cederlos a terceras empresas; las ETT´s son empresas integrales de empleo dado que realizan también actividades de intermediación, recolocación, formación y asesoría y consultoría de RRHH.

Están sujetas a un estricto sistema de autorización previa por parte de los Servicios Públicos de Empleo así como de la Inspección de Trabajo y seguimiento de la seguridad y salud de sus trabajadores. Para poder operar precisan de una Autorización administrativa  que es expedida contra una garantía financiera sujeta al control de la Administración Laboral, garantía que asegura el pago de las retribuciones y cotizaciones sociales en caso de impago.

Con estas garantías, las ETTs se revelan como una excelente herramienta que sirve de refuerzo para reducir las tasas de desempleo mediante el análisis de puestos a cubrir, la orientación y cualificación del personal que debe ocupar esos puestos de trabajo y además están obligadas a destinar el 1´25 de la masa salarial (importe anual total de las nóminas de la empresa) a formación.  Formación que al conocer las demandas del mercado de empleo les permite instruir a gente desempleada para reubicarla una vez formada en puestos en los cuales hay demanda de profesionales.

A las garantías ya señaladas se añaden unos datos de efectividad incuestionables:

  • El sector privado del empleo es el que más empleos ha creado, de manera directa, desde 2012.
  • El crecimiento del sector se explica por el aumento de los contratos temporales a tiempo completo (ha crecido 4 puntos porcentuales).
  • Los trabajadores que obtienen un empleo temporal proceden, en su práctica totalidad, de una situación de paro. Lo que ayuda a ver con claridad que se trata de una gran puerta al trabajo y a la adquisición de la experiencia necesaria.
  • De las personas que acceden al mercado laboral a través de una ETT, un 30% acaba accediendo al empleo estable.
  • De hecho, esta empíricamente demostrado que un aumento de las tasa de penetración de las ETT en España, del actual 0,5% al 1,75% los resultados sobre el empleo serían los siguientes (recogidos en el informe Impacto de las empresas de trabajo temporal en el mercado laboral y las finanzas públicas) que puede consultarse completo aquí:
  1. Reducción del número de parados superior a los 400 mil trabajadores.
  2. Crecimiento del número de ocupados por encima de 1,9 millones.
  3. Incremento de la tasa de actividad, desde el 60,1% actual hasta el 63,8%.
  4. Reducción de la tasa de paro en 3,2 puntos porcentuales, hasta el 21,8%.
  5. Reducción de la economía sumergida de hasta un punto porcentual del PIB.
  6. Aumento de la incidencia en la tasa de crecimiento de los costes laborales en las nuevas contrataciones, como consecuencia del incremento estimado de la ocupación.
  7. En cuanto a la economía sumergida, su reducción estimada redundaría en un incremento de la recaudación impositiva. Teniendo en cuenta la presión fiscal en España publicada por la oficina de estadística europea (Eurostat), los ingresos del Estado aumentarían en 3.390 millones de euros.

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